Deber plata ya no es una excepción: 18% de mora

Deber ya no es el problema: poder pagar es el verdadero cuello de botella. La morosidad de los créditos llegó al 18% en julio y acumuló 21 meses consecutivos de suba, según el Monitor Mensual de Crédito a las Familias de Eco Go y la Universidad Austral. En Mar del Plata, donde hace meses aparecen alertas por el uso de créditos y billeteras virtuales, el dato pega de lleno en la economía cotidiana.

El número se vuelve más pesado al mirar a las personas detrás de las cuotas: el 26,6% de los titulares de crédito tiene algún nivel de mora. Es decir, más de uno de cada cuatro. Hace un año, esa proporción era 8,3 puntos menor. A la vez, el stock total de deuda de las familias alcanzó los $99,4 billones a valores de julio.

La situación es todavía más complicada fuera de los bancos tradicionales. Las fintech y emisoras de tarjetas no bancarias concentran una parte menor del mercado, pero registran una morosidad del 31,3%, casi el doble que el sistema financiero tradicional. El crédito rápido desde el celular puede resolver una urgencia, pero también deja cuotas, intereses y refinanciaciones que se acumulan cuando el ingreso no acompaña.

Frente a ese escenario, la Defensoría del Pueblo bonaerense impulsa un proyecto para crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. La propuesta plantea una instancia prejudicial obligatoria: antes de que una deuda llegue a la Justicia, la persona podría negociar con sus acreedores con intervención de la Defensoría.

La clave es que no se trate cada cuenta por separado. El proyecto propone analizar el conjunto de obligaciones de una persona para buscar un acuerdo que contemple su capacidad real de pago y condiciones mínimas para sostenerse. También prevé cuestionar intereses, gastos y comisiones que hagan crecer la deuda de forma desproporcionada, además de exigir respuestas e información a los acreedores.

Por ahora, la iniciativa está presentada en la Legislatura bonaerense y no es ley. Si avanza, el asesoramiento de la Defensoría sería gratuito y la negociación debería ocurrir antes de judicializar el conflicto. La discusión ya está sobre la mesa: cuando una cuota se vuelve impagable, ¿la salida puede ser seguir refinanciando o hace falta una regla distinta para negociar?