Allanaron una obra social por dos muertes y un caso agravado

Dos afiliados murieron y la salud de un tercero se agravó tras reclamos por prestaciones médicas que, según investiga la Fiscalía Federal de Mar del Plata, no se habrían cumplido o llegaron fuera de plazo. Ese fue el punto de partida para que la Justicia ordenara medidas sobre la obra social Unión Personal.

La investigación reúne tres amparos iniciados por pacientes de Mar del Plata ante el Juzgado Federal N° 2. En los expedientes había órdenes judiciales que exigían garantizar coberturas y prestaciones médicas. Entre ellas, según la información incorporada a la causa, figuran dos intervenciones quirúrgicas, tratamientos y otras asistencias de salud.

Los casos fueron acumulados en un mismo legajo fiscal el 11 de noviembre de 2025. La Fiscalía busca establecer si existió un patrón en la respuesta de la obra social frente a las órdenes de la Justicia y, sobre todo, reconstruir qué decisiones se tomaron dentro de la entidad, quiénes intervinieron y por qué las prestaciones no se habrían concretado en los tiempos fijados.

Como parte de esa pesquisa, se dispuso una orden de presentación de documentación con allanamiento en subsidio en oficinas de Unión Personal en la Ciudad de Buenos Aires. La medida, autorizada por el juez de Garantías Santiago Inchausti a pedido del Ministerio Público Fiscal, apunta a obtener expedientes administrativos y registros internos vinculados con los tres afiliados.

La causa está a cargo del fiscal Carlos Martínez, junto a los auxiliares fiscales Agustín Roldán y María Victoria Piro. Por ahora, la hipótesis inicial es la de una posible desobediencia a una orden judicial. Pero la Fiscalía también analiza si los presuntos incumplimientos tuvieron relación con el agravamiento de un paciente y con los dos fallecimientos investigados.

La investigación sigue en etapa de producción de prueba. El allanamiento no implica que exista una responsabilidad penal definida de la obra social ni de sus autoridades: eso deberá resolverse con la evidencia que se incorpore al expediente. Para quienes dependen de una cobertura médica, el caso vuelve a poner una pregunta urgente sobre la mesa: qué pasa cuando una orden judicial llega, pero la atención no.