Citan a indagatoria a un ambientalista por Playa Redonda

El conflicto por Playa Redonda, en Chapadmalal, pasó de la protesta a la Justicia. Kanki Alonso, referente de un grupo ambientalista, fue citado a declaración indagatoria en una causa que investiga un presunto ingreso por la fuerza al predio de la Unidad Turística Fiscal (UTF).

Según la resolución judicial citada en la información aportada, Alonso deberá presentarse ante el fiscal Luis Ferreyra el próximo 2 de octubre. La calificación provisoria es turbación de la posesión o tenencia de un inmueble, contemplada en el artículo 181 inciso 3 del Código Penal. La fiscalía sostiene que existen elementos para sospechar una posible coautoría, una imputación que deberá ser analizada durante el proceso judicial y que no implica una condena.

El expediente se originó por hechos ocurridos el 26 de mayo, cuando representantes de Santiago de Compostela 1943 SA, firma adjudicataria de la UTF, fueron al predio ubicado sobre la ruta 11, entre las calles 747 y 753, para tomar posesión del lugar. La empresa había sido adjudicada luego del tratamiento administrativo y legislativo de la licitación, y presentó una propuesta de inversión superior a los 2.500 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, durante una protesta se habría roto el candado de la tranquera de acceso. También se habrían colocado carteles, una cadena y otro candado, además de ramas y escombros que habrían impedido el ingreso de personas y maquinarias. Entre los elementos incorporados a la causa figuran fotografías, croquis, inspecciones, informes policiales, actas y testimonios.

El caso pone una discusión incómoda sobre la mesa en la zona sur: dónde termina el derecho a manifestarse por el ambiente y dónde empieza una posible afectación de la posesión de un predio. Playa Redonda no es un punto cualquiera: Chapadmalal viene creciendo como destino para residentes y turistas, mientras se acelera el debate sobre qué tipo de desarrollo quiere Mar del Plata para su costa. La indagatoria no cierra esa discusión; abre una instancia judicial que puede ordenar responsabilidades y volver a poner el proyecto bajo la lupa pública.