Afiliados de IOMA llevan reclamos a la Justicia
Afiliados de IOMA en Mar del Plata convocan a pacientes y prestadores a sumar documentos y testimonios a una causa penal por presuntas irregularidades en curso.
Los reclamos por la atención de IOMA en Mar del Plata ahora buscan sumar pruebas en una causa penal. Afiliados de la obra social bonaerense convocan a pacientes, profesionales y prestadores a aportar testimonios y documentación sobre problemas de cobertura, demoras, derivaciones y prestaciones que, según denuncian, no habrían sido garantizadas.
La iniciativa se vincula con una investigación que tramita en la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. Allí se analizan presuntas irregularidades en la administración de fondos de IOMA. El expediente menciona posibles delitos como administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita.
La convocatoria apunta a reunir elementos concretos: expedientes judiciales, registros de cobros que los denunciantes consideran indebidos, constancias de autorizaciones demoradas y documentación sobre tratamientos o derivaciones. Esos aportes podrían ser evaluados dentro de la investigación, que deberá determinar si existieron delitos y eventuales responsabilidades.
En Mar del Plata, el conflicto no se vive como una discusión administrativa. Afiliados vienen reportando menos prestadores disponibles, tensiones con clínicas, autorizaciones que tardan y obstáculos para acceder a tratamientos. También hubo movilizaciones frente a la sede local de IOMA y reclamos de acompañantes terapéuticos por demoras de hasta 120 días en los pagos.
El caso de Silvia Nancy González, de 56 años, expuso la gravedad de esos reclamos. La mujer murió el 30 de abril luego de atravesar dificultades para conseguir atención especializada tras sufrir un infarto, según denunció su hija. La familia vinculó el caso con demoras en derivaciones y problemas de cobertura; esas circunstancias forman parte del reclamo público, no de una responsabilidad judicial establecida.
La presentación cuestiona a la conducción de IOMA, encabezada por Homero Giles, y a autoridades del área de Salud bonaerense, incluido el ministro Nicolás Kreplak. Con miles de estatales y sus familias dependiendo de la obra social, la pregunta de fondo sigue siendo concreta: qué respuesta tendrá quien necesita atención mientras la causa avanza.
Esos aportes podrían ser evaluados dentro de la investigación, que deberá determinar si existieron delitos y eventuales responsabilidades
