Arquitectos piden frenar la ordenanza de viviendas contenedor

Una norma para habilitar viviendas hechas con contenedores marítimos quedó bajo la lupa antes de empezar a aplicarse. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 cuestionó la ordenanza aprobada para regular este tipo de construcciones en General Pueyrredon y pidió que el Ejecutivo no la promulgue tal como está redactada.

Diego Domingorena, presidente de la entidad, dijo en Radio Brisas que el Colegio se enteró de la aprobación el mismo día y que no fue convocado durante el debate. Junto al Colegio de Técnicos, presentaron una nota dirigida al intendente Agustín Neme para solicitar que el expediente vuelva al Concejo Deliberante y sea tratado con participación de profesionales e instituciones vinculadas al tema.

El planteo no apunta a prohibir los contenedores como solución constructiva. Según explicó Domingorena, el problema es que la ordenanza tendría vacíos técnicos y contradicciones con normas ya vigentes. Uno de los puntos centrales es la trazabilidad: los arquitectos advierten que un contenedor puede haber transportado productos agroquímicos o tóxicos y que muchos son fumigados para controlar plagas. Por eso, sostienen que debería exigirse información sobre su uso previo y procesos que permitan acondicionarlos para uso habitable.

También cuestionan las medidas mínimas previstas. Un contenedor pierde espacio interior cuando se le agregan aislación térmica, acústica e hidrófuga, tratamientos necesarios para hacerlo habitable frente al frío, la humedad y el ruido. Para el Colegio, eso puede entrar en conflicto con el Reglamento General de Construcciones de General Pueyrredon, que fija condiciones de habitabilidad para las viviendas.

El punto que más puede mover el tablero del alquiler es el uso multifamiliar. Domingorena diferenció entre una persona que instala un contenedor en su propio terreno y un emprendimiento que coloca varias unidades para alquilar, incluso con fines turísticos. En ese segundo escenario, advirtió que ya hay una actividad comercial y que las exigencias de seguridad, superficie y habitabilidad deberían estar claramente definidas. La discusión no es si un contenedor puede ser una casa: es quién controla que no termine siendo una solución barata por fuera de las reglas que protegen a quienes la habitan. ¿Puede una vivienda alternativa ampliar opciones sin abrir otra puerta a alquileres precarios?