Comprar en pozo no es comprar promesas

Una render linda no alcanza para entregar los ahorros. El caso de más de diez familias de Mar del Plata que denunciaron haber pagado miles de dólares por contenedores que nunca recibieron volvió a poner una alarma sobre la mesa: antes de contratar una constructora o entrar a un proyecto en pozo, hay que revisar mucho más que Instagram, renders y promesas de entrega.

Comprar una propiedad antes de que esté terminada puede ofrecer precios más bajos o planes de financiación. Pero también implica asumir riesgos: demoras, cambios en los costos, modificaciones del proyecto o, directamente, incumplimientos. La clave es saber quién responde por la obra y dejar cada compromiso por escrito antes de mover un peso o un dólar.

Si la empresa es nueva o tiene pocos antecedentes comprobables, el primer filtro es identificar a la persona o sociedad que firma el contrato. No alcanza con el nombre comercial ni con una cuenta prolija en redes. Conviene pedir referencias concretas sobre obras anteriores: dónde están, si se terminaron y si quienes compraron recibieron lo pactado. Hablar con clientes previos puede aportar información que no aparece en una publicidad.

También hay que pedir la documentación del terreno y del proyecto: titularidad del inmueble, permisos, planos, factibilidad de servicios y situación jurídica. Es importante saber qué arquitectos, ingenieros, escribanos y otros profesionales intervienen, y que estén claramente identificados. En operaciones de compra en pozo, además, existen mecanismos para registrar boletos y contratos vinculados a unidades futuras.

El contrato es el corazón de la operación. Tiene que especificar qué unidad se compra, superficie, características, precio, moneda, forma de pago y fecha estimada de entrega. También debe aclarar qué pasa si cambian los costos, cómo se calcula una eventual actualización, cuándo puede modificarse el proyecto y cuáles son las consecuencias frente a incumplimientos.

Si la obra se financia mediante un fideicomiso, el contrato debe detallar quiénes participan y qué responsabilidades tiene cada parte. La recomendación es que un escribano revise la documentación antes de firmar, incluso si el desarrollador ya propuso uno. La Ley de Defensa del Consumidor exige información clara sobre las condiciones y los costos en determinadas operaciones.

En una ciudad donde el acceso a la vivienda exige años de ahorro, la pregunta no es solo cuánto sale entrar a un pozo. Es quién responde si la obra se frena, el precio cambia o la llave nunca llega.