Proponen una red municipal ante crisis suicidas

La respuesta ante una crisis no debería depender de encontrar el contacto correcto en el momento más difícil. Con esa premisa, la concejal María Eva Ayala, del bloque Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro, presentó un proyecto de ordenanza para crear un sistema municipal de prevención, asistencia, seguimiento y posvención de conductas suicidas en General Pueyrredon.

La iniciativa busca ordenar y conectar recursos que ya existen en el Municipio: equipos especializados en salud mental, el SAME, la línea municipal de atención y áreas de niñez, adolescencia, juventud, género, discapacidad, personas mayores, consumos problemáticos, educación, deporte y desarrollo social. El punto central es que los Centros de Atención Primaria de la Salud, los CAPS, funcionen como nodos territoriales para detectar señales de alarma, orientar, dar una primera respuesta y sostener la continuidad de los cuidados.

El proyecto plantea además un protocolo municipal único para situaciones de riesgo. De aprobarse, debería definir criterios de evaluación inicial, niveles de riesgo, respuestas ante urgencias, canales de comunicación entre organismos y pautas para una derivación protegida. La propuesta no reemplaza el trabajo profesional: apunta a que las distintas áreas no actúen aisladas cuando una persona necesita atención.

Otro eje es el seguimiento después de una crisis. La ordenanza propone que la intervención no termine con una indicación de consulta o una derivación, sino que el sistema pueda verificar si la persona llegó efectivamente a la atención y mantener el contacto posterior. También prevé capacitaciones para personal sanitario, docentes, trabajadores sociales, guardavidas, equipos deportivos y otros actores comunitarios, con la función de reconocer señales y activar circuitos profesionales, sin diagnosticar ni tratar.

Para adolescentes y jóvenes, el texto contempla una línea específica con acciones para reducir el estigma, fortalecer herramientas para pedir ayuda y evitar exposiciones innecesarias. A la vez, propone reunir indicadores anonimizados sobre consultas, riesgos detectados, derivaciones y tiempos de acceso. Si la ordenanza se aprueba, el Ejecutivo tendría 90 días para reglamentarla. El desafío será que esa red llegue a tiempo y funcione igual en cada barrio de Mar del Plata y Batán.