Subastan un depto de US$74 mil ligado a Carbón Blanco

Un departamento de dos ambientes, valuado en US$74.172, volverá a subasta por haber sido comprado con dinero de origen ilícito. El inmueble perteneció al abogado y empresario Carlos Alberto Salvatore, condenado en la causa Carbón Blanco, una investigación que tuvo fuertes conexiones con Mar del Plata por el esquema de lavado de activos vinculado al narcotráfico.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) autorizó la venta mediante la Disposición 150/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La propiedad está en Monroe 4595/99, esquina Miller, piso octavo, departamento D, en Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires. Tiene 46,45 metros cuadrados, dormitorio con placard, cocina, baño, balcón a la calle y dos ambientes.

El dato que cambia por completo la lectura del aviso inmobiliario está en el expediente judicial: según la sentencia del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Salvatore compró el departamento el 8 de mayo de 2009 por $130.000 con fondos de procedencia ilícita. No se trata de una venta común: es un bien decomisado que el Estado pone nuevamente en circulación.

Salvatore fue condenado en 2015 a 21 años de prisión por organizar una estructura dedicada al envío de cocaína hacia Europa, oculta en cargamentos de carbón vegetal. Ese expediente quedó conocido como Carbón Blanco. En Mar del Plata, la causa se vinculó a un importante circuito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico liderado por el abogado y empresario, fallecido posteriormente.

El departamento ya había sido incorporado a una subasta oficial prevista para enero de 2025, con una base de US$90.899. Ahora, la AABE lo mantiene como una oportunidad disponible para reabrir el procedimiento, con un valor de referencia menor: US$74.172. El dinero neto de la venta quedará a disposición del Tribunal Oral Federal de Resistencia, que intervino en el decomiso.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete prorrogó hasta el 9 de diciembre de 2027 la Unidad Bienes Decomisados, el área temporal dentro de la AABE que administra activos atravesados por causas judiciales. La pregunta incómoda queda servida: ¿qué tan visible debería ser el destino final de la plata obtenida con estos bienes?