Sin lugar ni precio, avanza el coworking municipal

El coworking municipal avanza, pero todavía no tiene dirección ni tarifa. La comisión de Industria del Concejo Deliberante aprobó este miércoles el proyecto para crear espacios de coworking y estudio en edificios municipales de General Pueyrredon. La iniciativa seguirá su recorrido legislativo con dos dudas que quedaron expuestas en el debate: qué lugares concretos se usarán y si quienes los utilicen deberán pagar.

La propuesta apunta a estudiantes, trabajadores independientes, emprendedores, profesionales y pequeñas empresas que necesiten un lugar para estudiar, reunirse o trabajar. Para una ciudad donde compartir mesa, enchufe y buen wifi puede ser la diferencia entre laburar desde casa o poder sostener una rutina, la idea toca una necesidad bastante concreta.

Unión por la Patria y Acción Marplatense se abstuvieron. Ambos bloques reclamaron precisiones sobre la implementación. Mariana Cuesta preguntó si el servicio sería gratuito o si habría un cobro para vecinos, mientras que Melisa Centurión cuestionó que todavía no estén definidos el dónde y el cómo. El concejal Julián Bussetti, impulsor del expediente, defendió dejar el esquema abierto para que el Ejecutivo municipal proponga alternativas.

Entre los espacios posibles mencionó bibliotecas municipales, polideportivos barriales e incluso dependencias del propio Municipio. La lógica, según explicó, es aprovechar lugares ociosos sin cerrar de antemano las opciones. Sobre el financiamiento, reconoció que habrá costos y planteó dos caminos posibles: que pague la persona usuaria o que una empresa cubra gastos mediante publicidad u otro esquema de colaboración.

El proyecto recibió una respuesta favorable de la Secretaría de Desarrollo Local, que lo vinculó con el Plan Estratégico Mar del Plata Ciudad del Conocimiento. El área destacó el potencial para fortalecer el ecosistema emprendedor y tecnológico local, donde comunidades como Mar del Plata Dev reúnen a más de 500 integrantes. La ordenanza también habilita convenios con instituciones públicas o privadas y la creación de un Consejo Administrador para fijar condiciones de acceso y uso.

La promesa es simple: más lugares para producir, estudiar e intercambiar ideas. El punto que falta resolver también lo es: si será una herramienta pública accesible o un servicio con costo para entrar.